Comisión de Derechos Humanos de Guerrero pide reconsiderar multas por no usar cubrebocas

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, hizo un llamado al cabildo de Juan R. Escudero para que dé marcha atrás a su determinación de multar económicamente a las personas que no porten, o porten mal el cubrebocas en dicho municipio ubicado en la región Centro de Guerrero.

De acuerdo con el presidente de la CDHEG, la medida adoptada por el cabildo de Juan R. Escudero resulta inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, además de que genera complicaciones en el tema económico.

Ayer, el cabildo informó que se aplicarán multas de hasta tres salarios mínimos a las personas que no usen cubrebocas o lo usen mal, para buscar evitar los contagios de coronavirus.

“Nos llama mucho la atención porque es un tema muy complicado, muy delicado que tenemos no tan sólo en Guerrero y en México, es un tema mundial y todos los países han buscado la manera de persuadir a la gente de que use medidas de protección como el cubrebocas, la sana distancia, el gel, los guantes, la careta y eso ha sido un trabajo de persuasión muy complejo, mucha gente usa los instrumentos sanitarios pero hay otra parte que no, eso ha propiciado que en aras de buscar cómo disminuir los contagios, los gobiernos municipales hayan hecho lo que creen que está a su alcance, sin embargo, hay muchas cosas que prever antes”, dijo el presidente de la comisión.

Destacó que antes de tomar esa determinación, el cabildo de Juan R. Escudero debió motivar una reflexión más profunda sobre el tema, sobre todo cuando se tiene el antecedente de hechos como el de Jalisco, donde un joven que fue detenido por no portar un cubrebocas y finalmente, tras ser privado de la libertad fue encontrado sin vida.  

“En primer lugar no hay un sustento jurídico, no te vas a encontrar en ninguna la ley o reglamento estatal o municipal o federal, o en el mundo algo que te hable sobre una pandemia y te dé herramientas para que puedas tomar decisiones de esta naturaleza”.

Recordó que en Juan R. Escudero opera una autodefensa con muy poca información respecto al marco lega, de tal manera que sus integrantes actuarán como si tuvieran enfrente a un delincuente, “lo van a detener y si no tiene dinero para pagar una multa lo van a encerrar y ahí empieza el tema de la privación ilegal de la libertad, porque la propia constitución, en ninguna ley secundaria, el bando de policía y buen gobierno o reglamentación interna que ellos hagan, ninguna debe estar por encima de la Constitución, la Constitución dice que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino por mandamiento judicial que funde y motive la causa del hecho y no estamos en esa hipótesis en la decisión que tomó el cabildo, de tal manera que sí podríamos tener consecuencias legales en aras de buscar la salud para el pueblo”.

Recordó también que Tierra Colorada tiene una parte de zona indígena que colinda con Tecoanapa y Ayutla de los Libres, es una parte totalmente precaria donde no hay empleo, donde no hay condiciones de tener ingresos suficientes, lo que puede llevar a un escenario crítico.

“Si estamos poniéndole esa obligación a los ciudadanos, yo hago un cálculo que el cubrebocas más accesible reconocido por las autoridades sanitarias son los plisados de uso común, te los encuentras en una farmacia entre 13 y 15 pesos, la recomendación de salud es que puedes usarlo cuatro horas de manera efectiva, entonces estamos hablando que si un jornalero, albañil, lo que sea, vendedor ambulante tiene que cambiar su cubrebocas cada cuatro horas, podría estarse gastando entre 30 y 45 pesos (…) esa es una situación social que no se previó y obliga a un ciudadano con una carencia importante a que vaya a la banqueta y compre ahí un cubrebocas de tela común que no tiene protección, realmente están desechados por las autoridades sanitarias, pues no tienen protección”, afirmó.

Confió en que el cabildo de referencia hará una valoración correcta de la situación y habrá de dar marcha atrás, como lo hizo en su momento Tecoanapa, San Luis Acatlán, Tecpan de Galeana y la comunidad de Petaquillas, en el caso de Chilpancingo.

Fuente: Milenio