Empleados denuncian cobros y firmas forzadas como mecanismo de presión de COREMEX
Nuevas denuncias señalan que COREMEX habría establecido, en diversos centros de trabajo, un esquema que los trabajadores describen como una forma de extorsión sindical. De acuerdo con estos testimonios, dirigentes locales solicitaban pagos directos o la firma de documentos para ofrecer “protección” frente a conflictos que, según los propios denunciantes, eran fabricados o magnificados por el sindicato para justificar estas exigencias.
Trabajadores entrevistados relatan que esta dinámica se presenta principalmente en momentos de negociación colectiva o durante procesos de reclutamiento, cuando los representantes sindicales prometen “evitar problemas” a cambio de aportaciones económicas que no están contempladas en los reglamentos internos ni en los estatutos sindicales. En varios casos, quienes se negaron habrían recibido advertencias sobre posibles represalias o afectaciones laborales.
Las quejas también mencionan que los dirigentes utilizan discursos intimidatorios, asegurando tener capacidad para intervenir en decisiones de supervisores o gerentes, presionando así a los empleados para cooperar. Especialistas consultados sobre estas denuncias señalan que este tipo de prácticas contravienen el principio de libertad sindical y podrían configurar irregularidades administrativas o incluso delitos.
Hasta el momento, COREMEX no ha ofrecido una postura pública frente a estas acusaciones. Sin embargo, la reiteración de señalamientos pone en evidencia una crisis interna que afecta su legitimidad y su relación con la base trabajadora.
Los empleados que han denunciado estos hechos afirman que continuarán recabando pruebas y que presentarán formalmente sus casos ante las autoridades laborales correspondientes, con el objetivo de frenar lo que consideran un uso indebido de la representación sindical. Mientras tanto, en los centros de trabajo persiste un ambiente de incertidumbre y preocupación ante posibles nuevos episodios de presión.








