Solo el 9.8 por ciento de la población de Guerrero tiene acceso al agua potable, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del agua (Conagua).
Con una población de 3 millones 540 mil 685 habitantes, solo el 9.8 por ciento de la población de Guerrero tiene acceso al agua potable, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del agua (Conagua).
Esto coloca al estado en una situación de vulnerabilidad, debido a que solo 346 mil 987 personas pueden hacer actividades cotidianas como bañarse, preparar alimentos, incluso beber agua.
De acuerdo con los avances de los indicadores del Programa Nacional Hídrico de la Conagua, la media nacional de personas con acceso al agua entubada es de 58.95.
Sin embargo, el segundo estado con menos acceso a la tubería es Baja California Sur, con 21; Oaxaca, 22.4; Morenos, 22.5 y Puebla 22.7 por ciento, lo que significa que aún quedan lejos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tendrán un periodo de vigencia de 15 años.
Como lo señala el Programa Nacional Hídrico, que plantea la Conagua, las mujeres son las tienen mayor acceso al agua entubada al día al contabilizar 38 millones 470 mil 505, mientras que 35 millones 745 mil 520 hombres tienen acceso al hídrico.
Como lo señala el ODS, el objetivo al 2023 es lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos; sin embargo, solo el 64.39 por ciento de la población tienen acceso a los servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura.
Fue el pasado 22 de agosto del 2022 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado “urgente” a las autoridades para eliminar la corrupción sistemática que prioriza el otorgamiento de concesiones desmedidas a empresas y entes privados que explotan y contaminan los recursos hídricos.
De acuerdo con la CNDH, el 61.4 por ciento de los recursos hídricos del país son acaparados por las industrias cerveceras, acereras, agropecuarias, mineras, papeleras, automotrices y embotelladoras, entre otras.
La CNDH acusó al Estado de darle prioridad a las grandes empresas nacionales y extranjeras para hacer uso de los recursos hídricos de México sin considerar las afectaciones como la escasez y contaminación de ríos, lagos y lagunas.